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Daniel Ortega: ¿El eterno Presidente?

Daniel Ortega, nacido en La Libertad, 11 de noviembre de 1945, se convirtió en el rostro más conocido de la revolución sandinista que puso fin al régimen somocista en 1979 y desde entonces, ha rondado el poder de Nicaragua con mano fuerte, siendo el único candidato a la presidencia por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los últimos 37 años.

A punto de cumplir 76 años de edad, se presentó como candidato a la presidencia de su país, junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con 75,92 % de los votos, inició su cuarto periodo de presidencia.

Las elecciones 

Según informó la Organización de los Estados Americanos, Nicaragua no cumplió con los requisitos establecidos para el reconocimiento de un ejercicio democrático ni con las garantías en el marco del proceso electoral, bajo la Carta Democrática Interamericana. Estos son: respeto a los derechos humanos, sujeción al estado de derecho en el ejercicio del poder, elecciones basadas en el sufragio universal, independencia entre poderes públicos y un régimen plural entre fuerzas políticas dentro de las elecciones.

Pese a que la misma OEA había advertido de estas insuficiencias en Nicaragua, entre los años 2014 y 2017 y que el mismo Ortega habría dado muestras de buscar la implementación de medidas recomendadas por la Organización, estas no se implementaron correctamente. Sin embargo, luego del anuncio del Gobierno de una reforma a la Seguridad Social, ocurrió un brote de protestas sociales masivas en 2018, que degeneraron en varias fatalidades y el ahondamiento de una crisis social que enfrentaba a Gobierno y Oposición. La solución planteada internacionalmente fue la convocatoria de elecciones libres que no se realizaron sino hasta el 7 de noviembre de este año.

Lamentablemente, pero como era de esperarse, no se acataron las medidas recomendadas por la OEA unos años antes y el “debacle de la democracia nicaragüense” demostró ser incapaz de sostener las elecciones en el marco de una crisis asentada por casi 3 años, donde se inhabilitó a toda la competencia real contra el Gobierno de Daniel Ortega, en un aparente afán de censura. 

Así  lo insinuaba la Asamblea Nacional de Nicaragua en diciembre de 2020, cuando se promulgaron leyes que suprimían la posibilidad de críticas y actividad política contra el gobierno por parte de sus opositores más acérrimos.

Sumado a lo anterior, a mediados de este año, se dictaron medidas de aseguramiento a candidatos presidenciales y líderes opositores, sustentadas en las leyes mencionadas anteriormente. Siete candidatos presidenciales fueron detenidos, alegando cargos por un presunto plan de golpe de estado. Entre los líderes detenidos más sobresalientes se encuentran: la líder mayoritaria de la oposición Cristina Chamorro Barrios; el ex- embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos, Arturo Cruz; y los alternativos, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Declaraciones de organizaciones internacionales o de otros estados

Con todo lo expuesto anteriormente era de esperarse que las elecciones no dejaran indiferente a nadie, por lo que los comunicados oficiales de naciones a nivel internacional, como de organizaciones internacionales no se hicieron esperar. Los comentarios varios, respaldando o rechazando las elecciones, generaron que estas se volvieran aún más controversiales, estando en el ojo de la opinión pública durante mucho tiempo.

Organizaciones Internacionales:

ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La ONU desde la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaban desde días anteriores a las elecciones la falta de garantías a derechos y libertades, indicando el preocupante aumento en la represión a derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral. En adición, la ONU ha denunciado la detención de múltiples opositores políticos, que ha sido calificada de arbitraria, asegurando que Nicaragua debe restablecer el Estado de Derecho.    

La OEA: Por su parte la OEA mediante una resolución aprobada en la sesión del 12 de noviembre de 2021 ha establecido que el gobierno de Nicaragua no posee legitimidad democrática. Esta resolución fue aprobada por 25 países, y llama la atención que entre los países que se abstuvieron de votar se encontraran Bolivia y México, siendo los que más resaltan de ese bloque, mientras que el único opositor a la resolución fue la propia Nicaragua. En el documento se esclarece un estado de alarma por los constantes desacatos de Nicaragua a las recomendaciones de la OEA y preocupación en el tema de la violación de derechos humanos. El documento  resuelve que las elecciones no fueron libres, justas, ni transparentes; que las instituciones fueron socavadas por el gobierno, reitera el llamamiento a la liberación de los presos políticos e instruye al consejo permanente  de la OEA a realizar una revisión  conjunta de la situación en el país centroamericano.  

Ahora bien, la reelección de Daniel Ortega puede ser analizada más allá de las implicaciones políticas que este suceso tiene para Nicaragua; el factor económico se encuentra en juego y el pronunciamiento de varios países sobre lo sucedido tiene repercusiones que pueden ser observadas desde un análisis geopolítico y económico. Por un lado, encontramos la esperada reacción de los Estados Unidos; el presidente Biden presentó la Ley Renacer con la cual tiene permitido ampliar las sanciones económicas y diplomáticas al gobierno de Ortega. 

Entre las medidas que el gobierno Biden puede imponer a Nicaragua, encontramos la restricción de que bancos multilaterales efectúen  préstamos a Nicaragua y se restrinja el comercio internacional hacia este país. Adicionalmente, Estados Unidos tiene la intención de estudiar las posibles actividades de Rusia en el país centroamericano y también se pretende revisar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. 

La posición de los Estados Unidos es bastante sólida sobre lo que ocurrió en Nicaragua y tiene toda la intención de sancionar económicamente al gobierno de Ortega. Incluso, se comenta que estas sanciones pueden tener implicaciones no solo para Nicaragua, por lo que la reelección de Ortega es un hecho vital para entender lo que va a ocurrir en la región en los próximos años. Otra de las implicaciones de estas sanciones, es que Nicaragua va a tener que afianzar sus relaciones con Rusia e Irán, con el fin de contrarrestar las medidas económicas que probablemente le sean impuestas, de modo que es fundamental estar al pendiente de  lo que pueda ocurrir como consecuencia de la reelección de Ortega. 

¿Qué viene ahora para Nicaragua?

El panorama de Nicaragua con el cuarto mandato de Daniel Ortega no resulta muy alentador; “Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del derecho internacional. Además, este nuevo periodo presagia la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

Será, sin embargo, un gobierno profundamente vigilado, teniendo en cuenta por ejemplo, que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hizo un llamado a redoblar la presión internacional contra el gobierno de Nicaragua, tras conocer los resultados de las acciones. Igualmente, Ortega se enfrentará a una oposición fortalecida por el apoyo internacional, teniendo en cuenta que entre el 79 % y 84 % de las personas aptas para votar no participaron en las elecciones, de acuerdo con el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas. 

Lo anterior, en el mejor de los escenarios obstaculizará la violación de derechos humanos, pero no puede ser la única  esperanza y, por tanto, es importante que los ojos de organizaciones internacionales busquen proteger a la oposición y en general a todos los ciudadanos que, en los 30 años en la presidencia que cumpliría Ortega a final de su mandato, se han sentido amenazados. 

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