Por: Santiago Pulido, estudiante de 8vo semestre y miembro del consejo editorial de AlDerecho.
“No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero.” (Voltaire)
Ya han pasado varios años desde su descubrimiento, y hoy en día todavía nos preguntamos qué pasó con uno de los tesoros más valiosos del mundo.
¿Quién descubrió el tesoro?
En 1979 una compañía de exploración submarina llamada Glocca Morra Inc. le expresó a la autoridad marítima colombiana, la Dirección General Marítima (DIMAR), su interés por iniciar la búsqueda del Galeón San José. Durante esta época, la licencia concedida por la DIMAR le daba a Glocca Morra el derecho a la mitad de cualquier tesoro que encontrará.
Con un interés monetario tan alto, y la posibilidad de ser los descubridores de un tesoro perdido, no fue sorpresa que Glocca Morra apostará todo en esa misión. Para 1982, Glocca manifestó sus hallazgos a la DIMAR, sin embargo, en 1983 comenzaron los problemas, ya que para la fecha había invertido más de 6 millones de dólares en la búsqueda del galeón, y estaba quedándose sin dinero.
Al estar tan cerca, pero tan lejos del descubrimiento, Glocca le cedió sus derechos a Sea Search Armada (SSA), quien inyectó 5 millones de dólares más al proyecto. En el mismo año, SSA visitó la zona donde posiblemente estaba el galeón, y tomó videos, desde un submarino, de los restos de una nave de madera del mismo tamaño.
Parecía que SSA había ganado el premio final, ya que estaría titulado al 50% del botín obtenido bajo el mandato del artículo 701 del Código Civil colombiano. Sin embargo, SSA no sabía que había entrado a la boca del lobo, ya que sorpresivamente, o no tanto, el Congreso de la República expidió el Decreto Ley 2324 de 1984, el cual reformaba el artículo 701 y reducía las ganancias del descubrimiento del 50% a un 5%.
El comienzo de las demandas
En 1989, SSA demandó ante el Juez Décimo del Circuito de Barranquilla, pidiendo que se le reconociera el derecho al 50% del tesoro contenido en el galeón, ya que en su concepto la ley en general no podía ser retroactiva.
Posteriormente, SSA acudió ante la Corte Constitucional para que fueran declarados inexequibles los artículos del Decreto Ley 2324 que reformaba la distribución del tesoro. La alta corporación falló a favor de SSA, y declaró inconstitucionales los artículos demandados, a la vez que la decisión del juez de Circuito de Barranquilla ratificó la decisión en 1994.
Con esta batalla ganada, SSA tenía asegurados sus derechos sobre la mitad del tesoro, sin embargo, en 1993 el presidente César Gaviria le dio un revés al asunto.
En julio de ese año, la Presidencia de la República contrató con la empresa Columbus Exploration Inc, propiedad del famoso explorador y ahora convicto Tommy Thompson.
Thompson, quien era acreditado en la época como pionero de investigación oceánica, regresó en 1994, después de 9 días de exploración, y presentó a la presidencia un informe en el que alegaba no haber encontrado rastro alguno del Galeón San José en esas coordenadas.
Con otro obstáculo, SSA acusó al gobierno de ocultar el descubrimiento del galeón para no reconocer el 50% que justamente les correspondía. Igualmente, amenazó con apelar en segunda instancia la decisión del juez de circuito de Barranquilla, con el fin de que se le reconociera el 100% de la propiedad sobre la embarcación.
Problemas en el exterior y la retirada de Columbus Exploration
El asunto incluso creó tensiones con Estados Unidos, ya que al día siguiente del informe de la Columbus Exploration Company, el ahora difunto senador estadounidense Philip M. Crane, le envió una carta al presidente Gaviria, donde presentó la posibilidad de que Colombia perdiera los beneficios del TLC, si no respetaba los derechos de SSA.
Columbus Exploración decidió apartarse de la polémica, argumentando que no tenía ningún interés económico sobre la embarcación, y que su labor se derivó de la mera curiosidad científica. Contrariamente, para SSA era ingenuo pensar que Columbus hubiera descubierto algo y lo dijera abiertamente, ya que perdería un contrato de millones de dólares por el derecho de preferencia que ostentaba SSA.
La batalla jurídica de SSA contra Colombia
La lucha de SSA por los derechos sobre el Galeón San José fue prolongada y llevó a toda clase de instancias judiciales.
En 1994 SSA solicitó al Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla el embargo de la embarcación en las coordenadas señaladas o sus vecindades. El juez decretó está medida cautelar, y el Estado lo apeló, solo para que la decisión fuera confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de segunda instancia, en marzo de 1997.
Posteriormente, el Estado impugnó el embargo en recurso de casación, pero la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 2007, estableció que los objetos en el naufragio que formarán parte del patrimonio cultural de la nación serían propiedad del Estado, pero aquellos bienes que tuvieran calidad de tesoro serían repartidos de forma equitativa con SSA.
Con otra victoria más para SSA parecía que la guerra por los derechos del naufragio había terminado, sin embargo, el gobierno colombiano todavía tenía opciones, una de ellas fue no hacer nada con el galeón durante años.
SSA agota su paciencia
En 2010, luego de 3 años de intentos fallidos de SSA para entablar diálogos con el gobierno y lograr el cumplimiento de la sentencia, este comunica que realizaría el rescate por su propia cuenta. Ante esta advertencia, Edmundo del Catillo, el Secretario Jurídico de la Presidencia y actualmente condenado por el escándalo de las chuzadas del DAS, respondió aludiendo a que la armada no permitiría que se violara la soberanía nacional de Colombia.
En diciembre de ese mismo año, SSA demandó a Colombia ante la Corte del Distrito de Columbia en Washington D.C. En dicho momento SSA pedía una compensación económica por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y que se le impidiera rescatar el naufragio.
Este caso termina en 2011, cuando la Corte determinó que la demanda era inadmisible por el vencimiento de términos (“statute of limitations”), ya que los actos que demandaba SSA habían ocurrido hace más de tres años. SSA intentó apelar la decisión, pero fue mantenida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en 2013.
En 2013, SSA vuelve a demandar a Colombia, esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el Estado había violado sus derechos relativos a la posesión y goce de su propiedad, junto al derecho a la protección jurídica.
Un año después, en 2014, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, instó a SSA a terminar de forma definitiva las acciones internacionales contra Colombia, bajo el compromiso de que se crearían diálogos para resolver el conflicto. SSA decidió cumplir con la propuesta y en 2015 desistió de todas las acciones que había presentado. Sin embargo, en el mismo año, la ministra cancela los diálogos que se habían prometido entre SSA, y el ministro de presidencia, Néstor Humberto Martínez. Este acto se fundamentó en el hecho de que el Estado no creía pertinente iniciar conversaciones hasta que no se verificará el hallazgo del naufragio.
Santos y el mapa del tesoro
El presidente Juan Manuel Santos impulsó la contratación con Maritime Archeology Consusltants (MAC), para la exploración y el descubrimiento de la embarcación perdida. La propuesta de esta compañía británica fue explorar un polígono de agua en el que se creía que estaba el galeón.
Esta alianza público-privada, que posteriormente causaría molestias entre diversos grupos, fue inicialmente propuesta por el cazatesoros Roger Dooley, una figura famosa y polémica en este campo. Dooley, quien a finales de los ochenta trabajó bajo el gobierno de Fidel Castro en la búsqueda de diversas embarcaciones perdidas y el saqueo de sus tesoros, tenía el sueño de encontrar el Galeón San José. Esto lo llevó a la búsqueda de documentos sobre su posible localización, y bajó el apoyo de inversionistas privados, y el aval del entonces presidente Santos, en 2015 realizó el descubrimiento, o redescubrimiento del galeón.
Dooley ha dicho en diversas entrevistas que conoció a Santos en una convención en Nueva York en 2014, donde convenció al antiguo mandatario con un mapa del tesoro que presuntamente había encontrado en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C.
Sin embargo, Jack Harbeston, CEO de SSA, tiene una opción distinta, ya que, en el año 2000, Dooley había estado trabajando con una compañía propiedad de Iota Partners, sociedad que había fundado SSA. Harbeston incluso afirma que, durante una sesión rutinaria de limpieza de computadores, había encontrado notas sobre el Galeón San José en el equipo manejado por Dooley.
Estos hechos lo llevaron a pensar que Dooley tenía acceso a la información de SSA, y que probablemente robó sus coordenadas para su uso posterior. Dooley ha negado estas afirmaciones reiteradas veces.
En un email recibido por Vanity Fair, revista estadounidense, a comienzos de 2022, Harbeston afirma que hubo un complot internacional para robar a SSA de sus derechos sobre el tesoro del Galeón San José. En este mismo correo, Harbeston declaró que la conspiración involucra no solo a figuras políticas colombianas, sino a los Estados Unidos, y al Reino Unido. Esto recordando que MAC es una compañía fundada con los recursos de inversionistas privados provenientes de Londres, Inglaterra.
Una guerra sin ganadores
Desde entonces esta polémica no ha sido resuelta, ya que en 2007 la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia le aseguró a SSA derechos sobre el tesoro que se pudiera encontrar en la embarcación. Aunque el gobierno negó posteriormente que le fuera a dar algún reconocimiento a SSA, la realidad es que esa sentencia se mantiene en firme.
En 2019, SSA afirmó mediante su representante legal que no se irá sin pelear, ya que solo está dispuesta a renunciar al Galeón San José a cambio de una indemnización. Por su parte MAC, la otra compañía cazatesoros, vio sus esfuerzos frenados por el Tribunal Superior de Cundinamarca, quien en 2020 le dijo al Ministerio de Cultura que, de seguir adelante con la APP, esta debería pagarse con el Presupuesto General de la Nación y no con las piezas encontradas en la embarcación.
Igualmente, en el 2020, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural estableció que el galeón es patrimonio cultural de la nación y no puede comercializarse. Con la resolución n.º 0085 del 23 de enero de 2020, no será posible adjudicar un contrato para su extracción, ya que no habría los recursos para pagar.
Es decir, tanto para SSA como MAC, no hay un gran tesoro por repartir ni una fortuna esperándolos en el fondo del mar, ya que ambos solo podrían tener acceso al pago de los costos incurridos en su descubrimiento, y tal vez una que otra indemnización.
La actualidad
Finalmente, la jugada más reciente del gobierno fue el Decreto 204 del 8 de febrero de 2022, el cual aplica medidas especiales para la protección de las Áreas Arqueológicas Protegidas, o zonas donde se encuentran los bienes de interés. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, afirma que esto evitará que el patrimonio de Colombia sirva para el lucro de unos anticuarios, y que cuando las piezas sean extraídas estarán en un museo de especies náufragas.
Todavía queda por ver cómo se pagará la extracción del galeón y el museo propuesto por la vicepresidenta.
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