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Amnistías como amnesia: entre amnistesias y derechos desprotegidos

Por: Regina Angarita. Abogada de la Universidad de los Andes y Especialista en DD. HH y D.I.H

Los debates sobre acceso a la justicia, lucha contra la impunidad y justicia transicional en el Sistema Interamericano son cada vez más candentes y están atravesados por variables, contingencias y matices que pueden llegar a complejizarse aún más. En esta línea, las democracias versus los diseños institucionales de los Estados entran en el juego para demarcar la concentración de patrones, políticas y prácticas en casos particulares. Empero, en algunas ocasiones, la garantía en la justiciabilidad de los derechos de las víctimas queda rezagado a la concesión de amnistías en un marco de transición. Esto supone un desafío avasallante respecto de los intereses políticos, así como de las nociones democráticas propiamente consideradas. De este modo, la amnistía puede constituirse como una forma de impunidad que vuelve ilusoria la garantía en el acceso a la justicia para las víctimas en periodos de transición y que termina lesionando el ejercicio legítimo del castigo. 

La pregunta que surge es la siguiente: ¿de qué manera podemos ponderar la garantía en la justiciabilidad de los derechos de las víctimas para evitar la impunidad, el ejercicio de la piedad enmarcados en un Estado de Derecho frente a las violaciones graves y sistemáticas de DD. HH, y la competencia punitiva de un Estado en el marco de una democracia? Y es a partir de esta pregunta que surgen diversas consideraciones. 

En primer lugar, la amnistía, en el fondo, termina constituyéndose como una forma de impunidad que lo que hace es darle un velo de legitimidad a situaciones que son abiertamente arbitrarias y violatorias de derechos humanos. De este modo, puede analizarse el paradigma de la justicia restaurativa versus la justicia retributiva para determinar si realmente se están teniendo en cuenta los derechos de las víctimas junto con los desafíos de la transición a la paz. De manera tal que el diseño institucional no llegue a justificar el no juzgamiento de la responsabilidad en ciertos casos bajo pretextos de misericordia, piedad y/o la construcción de una transición política, estimulando aún más esa impunidad. Es decir: ¿justifican las negociaciones de una amnistía la consolidación de una transición? ¿Cómo ponderar una transición frente a los derechos de las víctimas? ¿Justifica una transición una desprotección de los derechos de las víctimas bajo la idea de la función política de la clemencia y la legitimidad en la apariencia de una paz?

En segundo lugar, y como quiera que las transiciones implican desafíos, los mismos no tendrían por qué rezagar la protección de los derechos de las víctimas bajo la idea de dar la apariencia de verdadera transformación o liberalización política. Esto pues, en el fondo, las heridas de las víctimas continúan abiertas y no están completamente cicatrizadas hasta que se les garantice plenamente un acceso a la justicia. Además, y paradójicamente, “se están firmando acuerdos de paz sin haber resuelto los conflictos” como lo señaló Ben-Ami Shlomo en comunicación virtual realizada en el 2020, y esto es muy perjudicial para la protección misma de las víctimas.Entonces ¿de qué sirve dar la apariencia de transformación política en un contexto de transición, cuando las víctimas continúan desangrándose a costa de beneficiar unos intereses políticos de “reconciliación” ante la comunidad internacional? ¿Prevalecería el carácter politizado de la amnistía frente a la propia integridad de los derechos de las víctimas por el mero hecho de ser humano?  

Considerando esto, cabe aclarar que no se está hablando de castigo como venganza, sino de castigo como forma de garantizar la  justiciabilidad de los derechos afectados de las víctimas, y que deriva de la legitimidad propia de las sociedades que han establecido un contrato social. Así, en el fondo, tal y como lo señaló Ben-Ami Shlomo en comunicación virtual realizada en el 2020 “la política es una fotocopia del caleidoscopio social” y, de esta forma, la misma noción del castigo se enmarca en ella.  Hay que considerar que frente a la propia retórica del castigo se ha planteado una teoría comunicativa desde la cual la construcción de las normas penales parte de una participación de los miembros de una comunidad, lo que refuerza el argumento de la legitimidad punitiva de una sociedad en un Estado de Derecho participativo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se ha sostenido que hay una relación entre la amnistía y la transformación liberalizadora. La pregunta en este caso es: ¿qué tan liberalizadora resulta una transformación en la que, a costa de beneficiar una negociación, se termina lesionando aún más la garantía en el acceso a la justicia de las víctimas? ¿Sería esta una verdadera reconciliación? ¿Dónde queda la función social de la pena? 

En tercer lugar, se observa cómo la misma configuración de las sociedades desde su conciencia colectiva va moldeando una forma de concebir particular a partir del establecimiento de nociones que distinguen entre las dualidades que derivan del mismo comportamiento humano y que enmarcan, a su vez, ciertas caracterizaciones culturales e históricas. Así, como lo ha señalado Garland “(…)el castigo define lo que es normal y aceptable dentro de una sociedad, a la vez que señala y excluye todo aquello que la sociedad considera anormal, extraño, desviado” Además, cuando se analiza las sentencias de la Corte Interamericana que abordan este tema, estas comparten un mismo patrón. En estas sentencias se parte de la base de que las amnistías son incompatibles con la Convención Americana (artículos 1.1. y 2), pues impiden la investigación y correspondiente sanción de los responsables de violaciones graves de DD.HH.

Con todo lo anterior, es menester tener en cuenta, como lo plantea Jhon Rawls, que “(…) incluso en una sociedad bien ordenada, los poderes coercitivos del gobierno son, de algún modo, necesarios para mantener la estabilidad de la cooperación social”. En este sentido, para lograr una transición realmente efectiva que garantice una lucha frontal contra la impunidad, se debería partir de la base de que la consecución de una paz verdadera, una democracia estable y un respeto real por los derechos humanos se logra no cuando se encubren violaciones a través de amnistías, sino cuando en el propio diseño institucional de los Estados se entiende que su poder coercitivo puede analizarse desde una función social. ¿Qué sería de una democracia trastornada por la impunidad incesante y permanente? ¿No son las víctimas merecedoras de un acceso a la justicia sin obstáculos?  ¿Puede una sociedad realmente progresar cuando se está desangrando por dentro?

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