El sofisma de la Paz Total

Por: Juan Diego López, estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes

El Gobierno del presidente Gustavo Petro desde la campaña le propuso a los colombianos la Paz Total. Esta propuesta tiene como intención principal el fin de la guerra en Colombia, que se silencien los fusiles y que nazca una nueva esperanza de paz en todos los colombianos. Pero antes de ello, es necesario recordar algunos aspectos relevantes que han incrementado la violencia en los últimos años. El primero de ellos es que somos el segundo país con más organizaciones criminales del mundo, únicamente por debajo de la República Democrática del Congo. Al mismo tiempo, somos el país que más exporta clorhidrato de cocaína, lo cual deja dinero para las organizaciones multi-crimen. Sin duda alguna, es necesario mejorar los indicadores de violencia en el país, el problema que surge en todos los debates es: ¿cómo? Para ello la bancada de gobierno en el Congreso de la República presentó el proyecto de ley en el que se define la política de paz del Estado para los próximos años, la cual incluye seis puntos principales. Analizaré de forma crítica cada uno de los puntos a la luz de qué tanto pueden estos aportar al fin del conflicto armado. 

Para comenzar, comentaré el punto más debatido del proyecto de ley, la implementación del servicio social para la paz en Colombia. Actualmente, prestan servicio militar obligatorio los hombres mayores de 18 años que no tengan causal de exoneración. El gráfico 1, permite evidenciar con datos de las fuerzas militares el porcentaje de jóvenes que entran al servicio militar por estratos socioeconómicos. Como se puede evidenciar se está reclutando en su gran mayoría (80%) los jóvenes más pobres de Colombia, y por ende son las familias pobres colombianas las que ponen los muertos del conflicto armado, esto debe cambiar. Es por ello que esta iniciativa permitirá que estos jóvenes no tengan que acudir a las zonas de conflicto, en cambio ayuden con trabajo comunitaria que permitirá que el Estado llegue a las comunidades más apartadas de Colombia con ayuda humanitaria y no con fusiles. Es una alternativa para construir paz en colombia, desde la ayuda a las personas más necesitadas y no desde la guerra. 

Como segundo punto, está la creación del gabinete para la paz. Este tiene como propósito principal una administración oportuna y adecuada de los recursos para la paz. El Estado colombiano en 2022 según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) destinó 48 billones de pesos para la implementación de la paz en Colombia. Pero esto no se ve reflejado en las comunidades más afectadas, debido a que los recursos fueron repartidos a gobernadores y alcaldes quienes en su gran mayoría los utilizaron en otro tipo de actividades. Ahora, este nuevo gabinete va a ser el encargado de administrar el dinero destinado para la paz, lo que ayudará a reducir los índices de corrupción sobre este dinero y que llegue a las comunidades que más lo necesitan. Al mismo tiempo permitirá que todos los departamentos unifiquen las iniciativas para la implementación de la paz, y que sea más eficaz la vigilancia de su cumplimiento. Es una apuesta del Gobierno Nacional, que ayudará a una mayor distribución de los recursos, que si es bien ejecutada permitirá que más víctimas del conflicto reciban una reparación oportuna. 

En tercera instancia, el punto de acuerdos parciales tiene como propósito principal, según Ariel Ávila, senador ponente del proyecto de ley, “crear un cese al fuego multilateral en departamentos de mayor conflicto”. Considero que este punto genera mayor confianza de la ciudadanía frente a los actores armados, dado que permite evidenciar por parte de los grupos alzados en armas una verdadera intención de paz al hacer un cese al fuego, que no vuelva a ocurrir lo mismo de hace tres años cuando el gobierno de Iván Duque estaba en mesa de negociación con el ELN y este grupo perpetró un atentado contra la escuela General Santander en Bogotá.

Pero no todo es bueno dentro de esta ley, puesto que se vuelven a incurrir en fallas de anteriores procesos de paz con la creación de zonas de ubicación. Estas zonas, dicen los ponentes, serán únicamente utilizadas por grupos que ya están en negociaciones avanzadas con el gobierno. Sin embargo, esta propuesta ha sido planteada dentro de la mayoría de procesos de paz en Colombia y nunca ha funcionado, puesto que las reglas sobre qué se puede y qué no se puede hacer en estas zonas nunca son claras. Estas zonas llevan en la mayoría de las veces a qué grupos por fuera de la negociación las utilicen como cortina para tapar acciones ilegales, como la siembra de coca y la violación de derechos humanos, esto debido a la limitación  que tiene la fuerza pública de intervenir. Si el presidente Gustavo Petro pretende hacer uso de estas zonas debe delimitar muy bien las facultades y los límites de ambos bandos. Debe tener claro que cualquier violación a los derechos de los colombianos debe ser razón suficiente para la intervención de las fuerzas militares, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que paso en el gobierno de Andrés Pastrana, con la zona de distensión.

El quinto aspecto que incluye esta reforma es la creación de “Las regiones paz”. Con este proyecto el gobierno propone agrupar los municipios más afectados por el conflicto armado, e intervenirlos de forma drástica para superar las causas estructurales del conflicto. A pesar de que suena bien la iniciativa, no hay que olvidar que esta política ya se ha implementado dentro del Estado colombiano con los más de 470 municipios PDET y ZOMAC, y no han surtido los efectos esperados, puesto que las posibilidades de ayuda no llegan de forma oportuna, debido a que el país no está en la capacidad económica de llevar los insumos necesarios para establecer alcaldías, puestos de mando de policía, defensorías del pueblo regionales con mayor fuerza de acción, nuevas sedes de la fiscalía y todas las entidades necesarias para salvaguardar las comunidades de recaer nuevamente en el conflicto armado. Es una propuesta que en el papel suena bien, pero que por la realidad social y económica del país se cae por su propio peso. El Estado no está en la capacidad de ir municipio por municipio en menos de cuatro años a establecer las bases para una sociedad en paz, este es un proyecto que demora más tiempo de lo que el gobierno estipula, y que solo con un proyecto a largo plazo surtirá efectos en la reducción de la violencia. 

Finalmente fue aprobado en el congreso, la posibilidad de crear mesas de negociación con el ELN y de sometimiento colectivo a la justicia con organizaciones criminales que no tengan un origen político, como el Clan del Golfo. Sobre el primer punto resulta necesario decir dos cosas: la primera es que el ELN es la última guerrilla del hemisferio occidental con estatus político, por lo tanto hacer un proceso de paz con ellos permitiría terminar la justificación política de la violencia en Colombia. Esto permitirá que el Estado pueda combatir las estructuras disidentes, sin la limitación que hace el derecho internacional humanitario con los actores del conflicto armado. Sin embargo, es necesario recalcar que esta guerrilla en los últimos años, según datos del centro de recursos para el análisis del conflicto (CERAC), ha reducido de forma significativa las acciones ofensivas y de combate con las fuerzas militares, por lo que un proceso de paz no mejoraría los niveles de violencia, puesto que estos viene en mejora desde el año 2018. Ahora bien, lo más importante de todo proceso de paz con una guerrilla es que las víctimas estén en el centro de la mesa, que los victimarios reparen los daños que causaron por años al país, y que después de ello reciban la reducción en sus penas. No puede ser un proceso al revés como ocurrió con el proceso de paz con las FARC, bajo esta fórmula aumenta la probabilidad de que los colombianos aceptemos las negociaciones. 

Ahora bien, sobre el sometimiento colectivo a la justicia de organizaciones criminales, es menester decir tres puntos claves sobre este tipo de procesos. El primer punto, se puede evidenciar en el gráfico presentado a continuación, una organización como el Clan del Golfo tiene presencia en más de 241 municipios, el mapa nos permite ver la distribución que tiene sobre el territorio nacional y como en menos de dieciséis años de su creación superan los 181 municipios donde actúa el ELN. Al mismo tiempo, si recordamos en mayo de este mismo año fue decretado por altos mandos de la organización un paro armado que paralizó gran parte del caribe y el urabá antioqueño y chocoano, dejando ver que la gran capacidad de acción frente al Estado. Todo esto se da, debido a que su fuente principal de financiación es el narcotráfico, y con el dinero que recaudan le pagan a jóvenes pobres para que ingresen a la organización. Por todo lo anterior, la única alternativa que tiene el gobierno para terminar con este tipo de organización es que el Estado llegue con alternativas en educación, empleo, salud, sin ello va a ser imposible quitarle estos jóvenes a las organizaciones criminales. El gobierno debe tener claro que ningún acogimiento a la justicia terminará con este problema, 

Segundo, este sometimiento incluye la entrega de bienes, de rutas, de verdad e información sobre socios del narcotráfico. Todo ello a cambio de una reducción en la pena. El problema que surge es que debido al poco control que tiene el Estado sobre los bienes incautados, puede que después de cumplida su pena salgan con beneficios obtenidos por el narcotráfico. Este tipo de proyectos bajo la realidad colombiana son poco eficaces, y dan beneficios excesivos a quienes no los necesitan. 

Tercero, desde la muerte de Pablo Escobar está más que claro en el mundo del narcotráfico la eliminación del cabecilla no termina con el problema. En cambio nacen más organizaciones, ante la ausencia de una grande; por consiguiente deben atacarse las causas estructurales por la que están presentes estas bandas criminales en colombia, y no a su cabecilla. Si esto no ocurre, en menos de un año tendremos otra organización criminal con otro nombre pidiendo las mismas garantías, y se volverá un círculo sin fin. 

En conclusión, el gobierno del presidente Gustavo Petro, junto con la bancada de gobierno hace una apuesta grande por la paz en Colombia, tiene ideas claras que permitirán reducir los niveles de violencia. Sin embargo, ha dejado de lado algunos puntos que son claves para la paz, y estos puntos débiles deben ser reevaluados. El primero es decir que si no se detienen los ingresos de las organizaciones criminales provenientes del narcotráfico, es imposible detener la guerra, puesto que se va a tener los recursos para recaudar tropa y armas como lo hace actualmente el Clan del Golfo. Segundo, las mesas de negociación que se llevarán a cabo con la guerrilla del ELN tiene que tomar como base principal los errores del acuerdo de paz con las FARC sin ello se seguirán presentando los mismos fallos, y la sociedad volverá a rechazar de forma contundente lo pactado. Por último, decir que el Gobierno Nacional no va a lograr una paz total en Colombia, es un sofisma de Petro para calmar a sus votantes, una paz total requiere de muchos años y de generaciones completas que replanteen alternativas de paz, y un presidente en cuatro años no podrá lograrlo.